Decreto de renovables: la música suena bien, pero está en ciernes

Las nuevas reglas del juego pretenden minimizar el impacto social de los proyectos eólicos y fotovoltaicos y hacer más partícipe la ciudadanía

La Generalitat ha presentado esta semana un nuevo decreto sobre el modelo de implantación de energías renovables en Cataluña en los próximos años, un nuevo marco político que, si no hay sorprendidas, se aprobará en el Consell de Gobierno del el próximo martes. A grandes rasgos, las nuevas reglas del juego pretenden minimizar el impacto social de los proyectos eólicos y fotovoltaicos y hacer más partícipe la ciudadanía de los territorios donde se impulsen, con el objetivo que sean verdaderamente proyectos de consenso.

La música suena bien. Todo el que redunde en transparencia y consenso social significa calidad democrática. Y no seré yo quien lo cuestione porque, como ciudadano y como pequeño empresario de un sector que tiene en la sostenibilidad y el interés general uno de sus principios irrenunciables, soy un firme defensor de estos mecanismos. Pero no podemos perder de vista dos cosas: que el objetivo prioritario es impulsar la generación de electricidad con fuentes renovables ante la emergencia climática y que, ante este imperativo medioambiental, en Cataluña vayamos con mucho retraso.

Al conjunto del Estado las energías renovables representan ya el 54% de la generación eléctrica, mientras que aquí apenas llegamos al 30%. Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 2030 tendríamos que tener 2.022 MW de energía eólica y 4.800 MW de fotovoltaica , y ahora mismo, al ritmo que vayamos, estos objetivos ya parecen inalcanzables. Y si basura tarde a esta fecha, tampoco llegaremos a la del 2050, que es cuando se supone que tendríamos que estar absolutamente descarbonitzats.

Más allá de políticas de cara a la galería -y para evitar caer en aquello que a la serie de la BBC emitida por TV3 Yes Minister el gran maestro del funambulismo político Sir Humphrey denominaba «tácticas dilatorias»- la Generalitat tendría que hacer gestos más decididos para impulsar los proyectos que se han presentado. Muchos de ellos están encallados a la Ponencia interdepartamental creada el 2019 con el mismo objetivo del nuevo decreto: buscar el consenso social. Pero el más caliente sigue al fregadero. Y los mecanismos que prevé este nuevo decreto amenazan al ser un nuevo laberinto en el cual seguiremos perdiendo el tiempo (y los proyectos).

Desde 2019, en Cataluña ha habido 1.375 peticiones de proyectos eólicos, 633 de los cuales se han considerado viables, 357 están pendientes de resolución y 385 han sido descartados. En cuanto al sector fotovoltaico, se han planteado 13.971 hectáreas, 5.543 de las cuales se han considerado viables, 4.690 están pendientes y 3.689 están descartadas. Son cifras bajas, para un tema que despierta mucha sensibilidad territorial, pero que es urgente, por el bien de todos.

Con la implementación de los nuevos mecanismos que prevé el decreto que ahora aprobaremos, los promotores con proyectos en tramitación se enfrentan al riesgo de perder los avales presentados y, más importante, a perder los puntos de conexión a la red. El que a la práctica supondría que se acentuara este atraso que arrastramos y que perjudica el interés general. Y todo ello se traduciría en fuga de inversiones en otras comunidades autónomas, y esto también tiene su importancia.

La razón de ser del sector fotovoltaico es garantizar l’energía verde, pero también es un sector económico gritado a ser, en el contexto de la transición energética, un motor de la reactivación. Si no ponemos más palos a las ruedas, en los próximos años en Cataluña se invertirán 9.500 millones de euros y se crearán 2.500 puestos de trabajo cada año, muchos de ellos a comarcas deprimidas que sufren despoblación. Además, se calcula que estas nuevas instalaciones dejarán unos 80 millones de euros a las arcas públicas en forma de impuestos. Son cifras a tener mucho en cuenta en la hora de decidir como gestionamos este proceso que, recordamos, es sobre todo una apuesta de futuro y un cambio de modelo que determinará en muy buena medida a qué liga juegas como país en los próximos años.

Sin olvidar otro tema del cual en las comarcas tarraconenses sabemos un poco: el desequilibrio territorial de la generación energética. Históricamente asumimos buena parte de la generación eléctrica del país, una cuota de solidaridad energética que pagamos con creces, y que implica una estigmatización que en algunos casos es contraproducente. Si damos un vistazo al mapa de despliegue de las renovables, estamos volviendo a repetir el modelo, que tiene una lógica perversa: se aceptan las instalaciones allá donde hay rentas bajas y pocas perspectivas de creación de riqueza. Pero no tendría que ser así: tan bueno es el mistral como la tramontana, y de sol (y de suelo) hay por todo en el país. La energía se tiene que generar de manera equilibrada por todo el territorio para minimizar el impacto del transporte, en coste económico y en riesgos medioambientales. Y esto lo tiene que hacer el Gobierno. Haciendo los equilibrios que haga falta, pero con una voluntad política clara.

Resumiendo, está muy bien crear mecanismos para garantizar que los parques eólicos y fotovoltaicos van allá donde son aceptados, asegurando la transparencia y evitando las imposiciones. Pero un Gobierno tiene que hacer de Gobierno, especialmente en cuestiones que, como esta, son de interés general. E inaplazables. Por eso urge un Plan Territorial Sectorial de Renovables, que ya está a la agenda del Gobierno. Pero para el segundo semestre de 2023. Una fecha que, ya me perdonarán, me hace pensar en Sir Humphrey de Yes Minister.

 

Comparteix: