El otro consenso político que necesitamos sobre la energía

El pasado jueves el Congreso de los Diputados fue escenario de un consenso político sobre el decreto de ahorro energético planteado por el Gobierno. Bienvenidas sean las dos cosas: el consenso, a pesar de que no sea total, y la apuesta por la eficiencia energética. Aunque hay que tener en cuenta que este plan y las gesticulaciones políticas que comporta generará un impacto muy reducido en el gran problema de fondo que tiene la sociedad española: el precio de la energía, que, como hemos dicho otras veces, tiene su principal factor no en el encarecimiento del gas provocado por la guerra de Ucrania si no en un sistema perverso dominado por un oligopolio que maniobra libremente en función de sus intereses.

Vamos por partes. Racionalizar y reducir el consumo de energía siempre tiene que ser una premisa. De hecho, lo es ya desde hace algunos años, como han evidenciado políticas públicas como la normativa que obliga a instarla placas solares en los edificios de nueva construcción para calentar el agua. Profundizar en esa línea porque estamos en economía de guerra puede contribuir a incrementar la conciencia social sobre una línea que tendremos que mantener más allá de la coyuntura creada por este
conflicto.

Pero conviene tener en cuenta que el ahorro real que provocarán estos esfuerzos puntuales no será muy significativo. La tendencia global es a incrementar el consumo, tanto a nivel de particulares como de empresas, y esta tendencia no se invertirá si no renunciamos al bienestar y la calidad de vida o al crecimiento económico. Hacen falta, por tanto, otras soluciones. Y que sean estructurales.

Como hemos dicho otras veces, donde hay que poner el bisturí es en el sistema que fija los precios de la energía. Y para ello serán necesarios consensos políticos todavía más consistentes que el de el pasado jueves. El sistema eléctrico español es un oligopolio que fija el precio a su conveniencia. Unos privilegios adquiridos por unos grandes operadores que, hasta ahora, nadie ha osado reformular.

La madre de los huevos es que el precio de la energía lo determine la fuente más cara en cada momento. Ahora es el gas, pero esto hace que la energía eólica, la solar, la hidroeléctrica o la nuclear (que suman casi el 80% del mix) se cobren al mismo precio que el gas, que ahora está por las nubes, generando los denominados beneficios caídos del cielo para los operadores y encareciendo la factura de una manera injustificada. Tenemos que pasar a un sistema que fije el precio según los costes reales de
producción en cada modalidad de generación. Con esto eliminaríamos la posibilidad de usar la guerra de Ucrania como cortina de humo para justificar unos encarecimientos que se atribuye al precio del gas pero que, en realidad, son juegos de trilero típicos de un cártel que quiere mantener la maximización de sus beneficios.

La otra línea en la que tenemos que trabajar es la de seguir invirtiendo en renovables para dar respuesta al tradicional incremento de demanda que se produce en los meses de verano, por el efecto de la climatización. Algunas cifras ilustran lo que está pasando ahora: en mayo el gas supuso un 9% del mix, mientras que en julio este peso específico de la energía más cara llegó al 27%, el triple. Esto es así porque no tenemos alternativa, y es la excusa perfecta para que los precios suban. Con más generación
renovable se podría recurrir a estas fuentes de energía más barata para satisfacer la demanda adicional y contener los precios.

El otro culebrón del verano en relación a la energía es el seguimiento del impacto de la denominada excepción ibérica impulsada por el Gobierno y presentada como la gran panacea, con continuas comparaciones con los países europeos. A pesar de eso, esta semana llegamos a un máximo de 436 €/MWh, lo que representa un 44% más que hace dos meses y una cifra escandalosamente más alta que la que teníamos hace un año. Ja dijimos en otro artículo que esta medida era hacerse trampas a uno
mismo.

Bienvenida sea pues la apelación por la vía ejecutiva a la eficiencia. Pero tendríamos que hacer algo más, porque la capacidad de resistencia de las familias y sus rentas, por un lado, y de las empresas y sus cuentas de explotación, por el otro, no es infinita. Nos jugamos la sostenibilidad de nuestra economía.

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