Precio del gas: no nos hagamos trampas al solitario

Hace unos días la cuenta de twitter del ministerio de Transición Ecológica presumía de una llamativa comparación en el precio de la electricidad a varios países europeos: 138,8 euros el MWH en España, 396,7 en Alemania, 547,9 en Italia y 555,4 en Francia. Unos indicadores que sirven para sacar pecho de las medidas que ha introducido el Gobierno español para contrarrestar la escalada de precios de la electricidad, pero que, si profundizamos un poco, nos damos cuenta que suponen un ejercicio de trampas al solitario y de engaño a la opinión pública.

Y esto es así porque con el mecanismo de los topes al precio del gas se consiguen indicadores como este, pero es importante no perder de vista que el precio al que lo compramos, ya esté en Argelia o en Rusia, sigue siendo el mismo que pagan los otros países. Por lo tanto, la medida del tope genera un diferencial que alguien tiene que pagar. El Gobierno pretendía que esta diferencia la pagaran las eléctricas, pero las compañías del sector se ha opuesto y Bruselas los ha dado la razón.

En la misma línea, el Gobierno ha introducido el impuesto sobre los beneficios de las eléctricas, pero no hay que ser demasiado visionario para imaginar que las empresas se defenderán. Y si, con al ley en la mano, el Tribunal Constitucional los acaba dando la razón, el dinero recaudado se tendrán que devolver imputándolos donde siempre
van a parar estos costes: al consumidor o a las cuentas públicas.

En estas medidas paliativas no es oro todo aquello que reluce. Limitaciones de las reglas de juego, inventar impuestos parciales u otros no son medidas efectivas. Nadie quiere dejar de ganar dinero y legalmente se les da cobertura. Al final, quien pierde es el consumidor, que es el que está más indefenso dentro de este perverso sistema, que es donde se repercuten, repetimos, los costes reales del agua de borrajas que hacen los gobiernos para colgarse medallas. Además, esta vez se produce un agravio comparativo, puesto que el sobrecoste lo sufren los consumidores que tienen unos tarifa regulada, mientras que los que tienen un contrato están más protegidos.

El error es de concepto. El Gobierno pretende limitar el precio del gas para hacer bajar el precio mayorista de toda la energía, intenta que sean las eléctricas las que asuman el coste, pero Bruselas no lo acepta y el Gobierno lo tiene que repercutir a los costes del sistema y lo acaba pagando el usuario. El resultado es que la reducción
del precio es muy pequeña o directamente no existe. Si nos fijamos en los indicadores que se publican, parecería que en España los precios mayoristas a los que compramos el gas es la tercera parte del que pagan Alemania, Francia o Italia. Pero si miras otros indicadores que incluyan el sobrecoste te das cuenta que esta medida de ahorro ha bajado el precio de 270 a 240, no a los 138 que están poniendo al escaparate.

La solución no es fácil. Pero implica necesariamente instaurar un sistema que contemple el coste real de generación en todas las modalidades. El sistema actual esconde una perversión que tendría que ser superada: el precio del gas siempre es lo más caro y marca lo que se paga a todas las otras modalidades, generando los llamados beneficios caídos del cielo (windfall provechos). No tiene ningún sentido que esto sea así en una economía que se denomina “de mercado”.

Una de las modalidades que han salido reforzadas en este contexto es la energía nuclear. Por estos beneficios caídos del cielo y por la consideración de energía verde que le acaba de otorgar la Unión Europea. Es cierto que en hoja de ruta europea hacia un modelo donde las renovables serán predominantes la energía nuclear es clave, porque no genera emisiones de CO₂. Pero sería un error verla como una apuesta de futuro. Porque no tiene buenas perspectivas de rentabilidad -las mismas empresas no quieren invertir porque los plazos de amortización son muy largos y los costes derivados de las exigencias de seguridad después de Fukushima son muy altos- y porque continúa sin resolver el tema de los residuos, la gran asignatura pendiente. Prueba de esto es que es un sector en decrecimiento, incluso a los países que más la defienden, como los EE. UU., Francia y China.

La apuesta tienen que ser las energías renovables. Muy en particular, lo impulsa a la energía solar, que es tres veces más trueque de producir que la nuclear y que, además, tendría que ser mucho más ágil de implementar, porque un parque fotovoltaico se construye en un periodo de tiempo reducido. Esto si, necesitamos mecanismos más ágiles para la toma de decisiones, porque continuamos yendo con mucho retraso respecto de los objetivos que nos hemos marcado para el 2030, tal como constataba ahora hace unos días el Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña, que en su informe de 2021 cifra el déficit acumulado este año en 1.354,49 MW respecto de los compromisos de Gobierno, Parlamento y UE.

El mismo informe avisa que, si no se cambia la situación, la previsión es que el 94% de los objetivos de energía renovable que tiene Cataluña solo se podrán cubrir llevando energía de fuera de Cataluña. Y aquí tenemos un deber adicional al de hacer parques fotovoltaicos: dotarnos de redes de transporte. Hacen falta decisiones firmes en ambos ámbitos si nos comprometemos con los dos objetivos: rebajar el precio de la electricidad y contar un sistema de generación sostenible a nivel medioambiental.